Fake News: regulación ¿sí o no?
Todos los años, los editores del Diccionario de Oxford eligen, entre 4.500 millones de palabras, la que ellos consideran la palabra del año. Para ello tienen en cuenta aquellos vocablos que más se han utilizado en los últimos meses. En 2017 el elegido fue fake news , cuyo uso aumentó, según los propios editores, un 365%.
Nosotros desconocemos el porcentaje, pero estamos de acuerdo en que las noticias falsas han acaparado titulares y conversaciones en todas las partes del mundo. Hoy mismo, La Vanguardia publicaba una interesante noticia sobre cómo la fama de gran líder militar que acompañó siempre a Ramsés II podría ser un mero mito difundido por él mismo. Para ello, el diario titulaba: «Cómo el faraón Ramsés II inventó las ‘fake news’».
Si bien estas noticias no son nada nuevo, puesto que los bulos para generar desinformación han existido siempre, el fin de las barreras y los filtros que ha supuesto Internet, es lo que las ha convertido en algo realmente dañino. El propio Donald Trump colocó el foco sobre ellas durante su campaña electoral, y ha sido el presidente norteamericano quien ha seguido recurriendo a ellas cada vez que le ha convenido, consiguiendo que cientos de miles de personas se las crean a pies juntillas.
Y lo que surgió como un concepto político ha acabado tocando prácticamente todos los ámbitos. Por ejemplo, en Cataluña la búsqueda de esta palabra se disparó en Google tras el 1 de octubre en relación a la cantidad de noticias manipuladas y bulos que comenzaron a inundar las las redes sociales.
¿Control por parte de los gobiernos?
Es obvio que escribir sobre las noticias falsas es algo a lo que, en algunos casos, se está recurriendo para conseguir clics y nuevos lectores. Una estrategia tan válida o no como cualquier otra. Al final, todo aquello que genera debate y polémica no deja de ser un reclamo. Sin embargo, la discusión que a nosotros nos interesa es otra, y tiene que ver con la regulación de las fake news por parte de gobiernos y plataformas como Facebook.
Vivimos en una sociedad permanentemente conectada, con más acceso que nunca a la información, y en lugar de filtrar convenientemente lo que vemos y escuchamos, nos hemos hecho más permeables. La combinación perfecta para los que buscan sembrar la confusión con fines poco nobles.
El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado su intención de someter al parlamento un proyecto de ley para acabar “con las mentiras inventadas para manchar”, y proteger así «la vida democrática” durante las campañas electorales.
En España, el Grupo Popular ha presentado también una proposición no de ley en el Congreso para que se inste al Gobierno a legislar y tomar medidas contra las campañas de desinformación que buscan la «desestabilización planificada» y que son gestionadas por «actores con intenciones hostiles contra países de la Unión Europea».
Los populares se basan en las medidas que, por ejemplo, ha puesto en marcha la Unión Cristianodemócrata en Alemania o en las acciones que han llevado a cabo en los colegios de Finlandia, donde se ofrecen pautas a los alumnos para fomentar un pensamiento crítico que les sirva para detectar noticias falsas.
La información, como bien sabemos los que nos dedicamos a ella, se tiene que supeditar a los códigos deontológicos y a la propia ética del periodista. Su control no puede, bajo ningún concepto, atribuirse a órganos que limiten la libertad de expresión o decidan qué es fake news o no (volvemos al ejemplo de Donald Trump).
Las noticias falsas no afectan sólo a las democracias o sus procesos electorales. Van mucho más allá y tocan prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida. Por eso, el debate tiene que estar en cómo tener audiencias con capacidad de discernir lo que es desinformación de lo que no lo es. Tiene que estar también en fomentar ese pensamiento crítico, sobre todo en edades en las que la credulidad es mucho mayor.
Sólo así, y apostando por una información de calidad, independiente y de servicio público, huyendo del clickbait y de los titulares sensacionales, evitaremos que se propague la desinformación, evitando al mismo tiempo esa desagradable sensación de incredulidad que, poco a poco, se está trasladando también a las noticias que no son falsas.